Marruecos ordena la detención del periodista Omar Radi «por socavar la seguridad del Estado»

El periodista marroquí Omar Radi ha sido acusado esta semana de un presunto delito de violación, tras una denuncia presentada por una ciudadana y en virtud de una investigación realizada por los efectivos de la Policía Judicial de la Gendarmería Real, según un comunicado emitido por la Fiscalía de Casablanca. Desde el 24 de junio de 2020, Radi ha sido entrevistado hasta ocho veces por la Policía judicial de Casa Blanca, en el marco de una investigación preliminar ordenada por la Fiscalía. Durante este periodo ha ido publicando regularmente en las redes sociales las citaciones proporcionadas por las autoridades pertinentes “para presentar su versión sesgada de los hechos”.

La Fiscalía de Casablanca ha ordenado la detención preventiva de Omar Radi por una serie de delitos entre los que se encuentran la agresión sexual con violencia, así como por recepción de fondos extranjeros con el objetivo de “socavar la seguridad del Estado y llevar a cabo contactos con agentes de un Estado extranjero para debilitar la situación diplomática del reino alauí”.  El delito de violación sexual se castiga con penas de entre 5 y 10 años, mientras que la acusación de atentar contra la seguridad exterior del Estado lleva aparejada una pena de hasta cinco años.

Omar Radi -ganador en 2013 del premio de periodismo de investigación de la Asociación Marroquí de Periodismo de Investigación, considerado como uno de los periodistas más críticos con el poder en el país magrebí– ha podido ejercer libremente su profesión de periodista, según las autoridades marroquíes, quienes han asegurado que “nunca ha sido cuestionado o interrogado de ninguna manera en el curso de su trabajo o actividades”. Además, han destacado que, si bien nunca había denunciado ninguna infracción o restricción a este respecto ante las autoridades judiciales competentes, desde finales de 2019 y después de haber sido acusado, presentó varias denuncias de intimidación o acoso.

Las autoridades marroquíes insisten en que los procedimientos iniciados contra él “no tienen nada que ver con su condición de periodista ni con el a la libertad de expresión garantizado por la Constitución de Marruecos”, alegando que el país magrebí ha hecho un gran esfuerzo por garantizar la independencia institucional del poder judicial para garantizar la eficacia de este servicio público. Asimismo, han insistido en que esta institución cumple con todos los requisitos para la protección de derechos y libertades de cualquier persona, incluida la activación de los principios sobre la garantía de un juicio justo.

En este sentido, las autoridades han insistido en que Marruecos ha aprobado en los últimos años varias leyes que consolidan la independencia del poder judicial, a destacar la ley orgánica nº 10013 sobre el Consejo Supremo del Poder Judicial o la ley nº 3317, de 18 de septiembre de 2017, por la que se transfieren las competencias de la autoridad gubernamental encargada de la justicia al fiscal general del rey en el Tribunal de casación.

Por esta razón han incidido en que, en los casos de derecho común como en los que supuestamente está involucrando Omar Radi – corresponde al poder judicial marroquí “garantizar los derechos de todas las partes implicadas”. Marruecos ha explicado que la tramitación de este tipo de casos “se lleva a cabo de conformidad con la ley y en estricto cumplimiento de los principios de la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación” y han criticado al periodista enjuiciado por revelar elementos de estas investigaciones que le conciernen “en un claro intento de mantener la percepción errónea del supuesto acoso judicial contra él”.